La Policía Comunitaria: una alternativa de justicia social en el marco de la autonomía indígena

Por Gisela Delgadillo Guevara

Integrada actualmente por pueblos tlapanecos, mixtecos, nahuas y mestizos, la Policía Comunitaria (PC) se presenta como un proceso de grandes dimensiones no sólo por haberse gestado al interior de un estado que históricamente vive y sobrevive en la pobreza, sino también por que ha conseguido mostrar a la sociedad otra forma de hacer justicia, alejada del código penal y de los conceptos apócrifos de la justicia moderna.

La problemática de inseguridad que se vivía en la región donde los asaltos, los abusos sexuales, los asesinatos y concretamente, la violación de una niña de cinco años, fueron los hechos que llevaron a las organizaciones sociales y a la iglesia local a convocar a las asambleas que el día 15 de octubre de 1995 darían pauta a la formación de la PC, seguida en 1998 por la creación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) encargada de impartir la justicia comunitaria.

Actualmente el territorio comunitario que comprende una parte de las regiones de la Montaña y la Costa Chica, se reconoce como el más seguro de Guerrero. Allí la disminución de la delincuencia ha sido de un noventa y cuatro por ciento lo que da cuenta, no sólo de la efectividad en la labor de la CRAC-PC sino también de la profundidad de un proceso donde la organización horizontal y la participación colectiva han conducido a ambas regiones al ejercicio de su autonomía y libre determinación.

Los logros sumados a este proceso son notables y aunque la delincuencia es conciderada como un poblema latente en el territorio comunitario, el control que la CRAC-PC tiene sobre ésta es reconocible, aunque este logro también vaya acompañado por el hostigamiento del Estado que incómodo por la organización comunitaria busca golpearla lanzando señales de advertencia a sus integrantes con órdenes de aprehensión.

Los partidos políticos compartiendo este esfuerzo por debilitar la organización, en su disputa por las candidaturas dejan divididas a las comunidades haciendo de las promesas de campaña instrumentos de control político sobre la gente, cuya condición de pobreza la hacen más vulnerable ante esta practica, que como objetivo principal no necesariamente busca acumular los votos que le permitan darle realidad a esas promesas.

¿Qué se aporta al movimiento nacional?

Para Valentín, asesor jurídico de la organización, la aportación de la CRAC-PC al movimiento nacional es la recuperación de la discusión de los problemas comunes y la búsqueda de soluciones colectivas, señalando que es justamente el ejercicio de la asamblea y del diálogo lo que les ha servido para crecer como organización: “Así haya una asamblea de todo el día, no se sale hasta que se logra un acuerdo”.

La organización -asegura- es algo que todos deberían hacer, con la finalidad de unir luchas y abrir espacios para el acercamiento y así lograr la identificación de esos procesos comunes que además de brindar fortaleza también sirven como mecanismos de autodefensa.

“Muchos de nosotros que estamos al frente de la organización tenemos ordenes de aprensión; por lo mismo necesitamos a esos aliados desde fuera para tener mecanismos de denuncia y de difusión; y también para buscar el apoyo que no tenemos”.

“La justicia comunitaria tiene principios”

La implementación de un nuevo sistema de impartición de justicia basado en la reeducación es uno de los logros más reconocibles de la organización, que a través la CRAC imparte justicia comunitaria basada en un reglamento interno que respeta los usos y costumbres de los pueblos.

Se habla de una “justicia pública y colectiva” donde no es una persona con título de juez quien decide y pasa por encima del derecho a la libertad. Por el contrario la impartición de justicia trae consigo "las miradas de toda la comunidad" que en conjunto participa activamente en la toma de decisiones y en la reeducación de los faltantes.

“Se investiga antes de procesar, se concilia antes de dictar sentencia y se reeduca antes de castigar, sin hacer distinción de sexo, edad, religión o grupo social”.

Éstos son los principios básicos en la impartición de la justicia, basados en criterios más humanos y fundamentales que parten de ver a los faltantes no como delincuentes sino como compañeros de la misma comunidad; por lo mismo, la impartición de justicia no hace uso del aislamiento indefinido del sujeto y sustituye esta práctica con el trabajo comunitario y pláticas que lleven al individuo a reflexionar sobre su falta, aceptarla y finalmente reintegrarse a la comunidad.

“Este es un proceso de carácter comunitario que rebasa por mucho el objetivo original”

Actualmente la CRAC-PC “se asume como un proyecto integral que va más allá de la policía comunitaria”, que busca la autoorganización de los pueblos y su partición en temas de educación, salud, comunicación y comercio regional, siendo éstos lo que repercuten significativamente en las comunidades donde la deficiente infraestructura no da para atender las demandas de los pueblos.

La salud lejos de ser un derecho social que debiera garantizar el Estado se convierte en una opción más dentro del abanico de posibilidades del presupuesto del gobierno federal, quien opta por impulsar programas estilo "Oportunidades" que lo único que garantizan son visistas periódicas de médicos a las comunidades encargados de vacunar a los niños, atender las enfermedades inmediatas y de “surtir” los dispensarios de medicinas que por falta de conocimiento para su aplicación se quedan sin ser utilizadas.

Como consecuencia, enfermedades comunes se convierten en casos graves que para su tratamiento exigen traslados de por lo menos cuatro horas, por caminos sumamente irregulares que en época de lluvias se ven muy afectados.

En materia educativa la problemática se traduce en una educación deficiente enmarcada por la falta de escuelas, maestros y concretamente por la falta de interés de un gobierno que insiste en mantener sumergido al país en una política educativa restrictiva que pone contra la pared a las comunidades indígenas que nos les queda más que aceptar que la educación destinada para ellas no garantice siquiera el acceso al nivel secundaria.

La agricultura como principal actividad económica se encuentra en el centro de una crisis agrícola acompañada por los cambios climáticos, las malas cosechas y la escases de recursos para sacarlas adelante, agravados con el abandono del gobierno que opta por voltear la cara a las políticas públicas y simular una "lucha contra la pobreza" con programas cuyo aporte se limita a los "apoyos económicos" que funcionan más como adormecedores para mitigar la situación de extrema pobreza en la que viven las comunidades.

La tensión social en torno a la organización se hace presente con los intententos del gobierno por enmarcar a la CRAC-PC dentro de su legalidad, mismos que lo han llevado a proponer la adhesión de la organización, a la policía municipal del estado, ofertando puestos a sus dirigentes con miras a una incorporación que permita el control de la misma.

Actualmente la CRAC-PC se mantiene como una organización fuerte e incluyente guiada por la pluralidad de un proceso gestado desde los pueblos indígenas y mestizos, que se han organizado para tomar en sus manos la justicia que décadas atrás se perdió entre las estructuras debilitadas de un sistema construido sobre vestigios en ruinas heredados de la Colonia, que deja hasta nuestros tiempos ese entusiasmo por continuar el exterminio del pasado.




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